Por Leopoldo Martínez Nucete En 1998, como apoderado de la mayoría de las fracciones parlamentarias del Congreso, presenté ante la Corte Suprema de Justicia uno de los informes que defendió la constitucionalidad del Acuerdo que autorizó los Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y Producción de Hidrocarburos del 4 de Julio de 1995 —la llamada entonces “Apertura Petrolera”—. PDVSA litigaba con Allan Brewer-Carías y Román Duque Corredor; la Fiscalía y la Asesoría Jurídica del Congreso, con Iván Darío Badell, Jesús María Casal y Carlos Leañez. Llegué a ese mandato como asesor de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el diputado Ramón José Medina. Nuestra tesis: crear un vehículo jurídico para asociar capital privado a la actividad petrolera, preservando el control estatal sobre el recurso aun cuando no sobre la operación de producción, no equivalía a ceder soberanía y se enmarcaba en la norma constitucional desarrollada por el artículo 5 de la entonces llamada Ley de Nacionalización del Petróleo. Entre los recurrentes estaban Fundapatria, presidida por Luis Vallenilla, Alí Rodríguez Araque y Adina Bastidas, núcleo que respaldaba la naciente candidatura de Hugo Chávez. No lo lograron: en Agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar todas las demandas. Pero la historia premió a los perdedores con el poder político: al ganar Chávez la presidencia, Bastidas fue vicepresidenta; Rodríguez, ministro de Energía y luego presidente de PDVSA. En Diciembre de 1999 el país tenía una nueva Constitución. Desde esos cargos consumaron en 2007 lo que no lograron litigando —una Ley de Hidrocarburos que forzó la migración a empresas mixtas con control estatal mayoritario—. Chevron aceptó y permaneció como socio minoritario; ExxonMobil y ConocoPhillips no, y ganaron indemnizaciones mil millonarias en arbitrajes internacionales contra el Estado venezolano. En 1996 producíamos cerca de 3 millones de barriles diarios; la apertura apuntaba
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