Venezuela tiene en Cerro Bolívar y sus yacimientos aledaños uno de los complejos de hierro más importantes del continente. Posee también cinco plantas de pellas y briquetas, una siderúrgica estratégica como SIDOR y décadas de experiencia industrial en Guayana. Sin embargo, el país ha adoptado un modelo primario-exportador que desperdicia esa capacidad instalada, exportando sin procesar el 80% del mineral extraído.

La situación de SIDOR refleja el colapso del sector. Durante 2025, la empresa cerró con apenas 41.000 toneladas de acero líquido, lo que representa apenas el 1% de su capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas. Esta disparidad entre producción real y potencial evidencia una crisis profunda en la industria siderúrgica nacional.

El contraste entre la extracción de minerales y la capacidad de procesamiento constituye una anomalía que ninguna política industrial seria puede tolerar. Mientras el mineral sale por los puertos hacia mercados externos, la acería permanece prácticamente paralizada, incapaz de convertir la materia prima en productos de valor agregado como cabillas, alambrón, láminas y tubos.

Las consecuencias sociales y económicas son devastadoras. Más de 20.000 trabajadores permanecen inactivos, el país enfrenta desabastecimiento interno de acero y se pierde una enorme cantidad de valor agregado que se queda en manos de operadores externos. Esta estructura exportadora de bajo valor genera dependencia y reduce los beneficios para la economía nacional.

La solución no radica en estatizar más empresas ni continuar administrando la decadencia. La propuesta es licitar la concesión de Cerro Bolívar y yacimientos aledaños a un operador preferiblemente nacional, bajo reglas claras que incluyan obligación de abastecer exclusivamente el mercado interno, inversión en procesamiento y prohibición absoluta de exportar mineral sin transformar.

Venezuela cuenta con empresas, ingenieros y técnicos con experiencia suficiente para operar esas minas. Lo que ha faltado históricamente es un marco regulatorio que obligue a los operadores a priorizar el procesamiento local y el abastecimiento interno sobre la exportación de materias primas sin valor agregado.

Fuente: La Patilla — Ver nota original


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