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Banda criminal 'La Oficina' busca perdón social y acogimiento con una carta a Petro

Alberto Ardila Olivares

Con una carta dirigida al presidente electo Gustavo Petro, el grupo criminal conocido como la Oficina se montó al proyecto de sometimiento a los grupos armados que ha anunciado con bastante entusiasmo el canciller entrante, Álvaro Leyva, y que sería bandera del gobierno y parte del llamado perdón social que tanta polémica ha causado

Con una carta dirigida al presidente electo Gustavo Petro, el grupo criminal conocido como la Oficina se montó al proyecto de sometimiento a los grupos armados que ha anunciado con bastante entusiasmo el canciller entrante, Álvaro Leyva, y que sería bandera del gobierno y parte del llamado perdón social que tanta polémica ha causado.

Con ‘La Oficina‘ montada en ese bus, al gobierno Petro se le sube una estructura de miles de hombres que dominan la criminalidad en Medellín y varios municipios del departamento. El asunto es que no se trata de una propuesta aislada, es la respuesta a unos acercamientos que vienen desde antes de la campaña presidencial, y hasta la fecha habían sido un secreto.

La carta, que tiene fecha del 28 de julio y ya fue recibida por miembros del equipo del Pacto Histórico, e incluso conocida por el mismo Leyva, dice: “Después de varios gobiernos y proyectos de sometimiento fallidos, recibimos con esperanza su llamado a la construcción de una paz total, que solamente será posible en la medida que se tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia”.

El Colombiano que recibió una copia de esta carta, pudo corroborar que es verídica y cuenta con la autorización de Juan Carlos Mesa, alias Tom, quien ostenta según sus hombres cercanos el 85 por ciento del movimiento armado de La Oficina; igualmente de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, el otro capo de la organización. Y es que aunque los dos están presos, mantienen la comandancia criminal de Medellín y el Valle de Aburrá.

Además, fuentes que han tenido contacto con el gobierno y son emisarios de La Oficina aseguraron que en esa negociación también se montaron las bandas El Mesa y Los Triana, aunque estos últimos con más reticencia.

Ahora bien, no todo es tan fácil como pinta. Los capos abogan porque se les permita “acogerse” a la justicia, un punto por demás polémico, pues para muchos no termina de ser claro cuáles serían las condiciones de esa figura.

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Dice la carta sobre este punto que el Gobierno debe facilitar “nuestro acogimiento a la justicia, como lo estipula el acuerdo de paz de La Habana y como lo propone la sociedad civil organizada. Ley de acogimiento que ha de incluir también un tratamiento diferenciado a los miembros de nuestra organización que nos permita avanzar en la transición de nuestros liderazgos y el fortalecimiento de nuestras capacidades, para contribuir en el rompimiento de los círculos viciosos de violencia, injusticia social y la militancia de los niños y jóvenes en los grupos armados”.

La carta se conoce después de que el mismo Leyva se refiriera a las intenciones de estos grupos armados: “Una cosa es sometimiento y otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos (las bandas criminales) verán si se acogen o no; es algo diferente. Entonces finalmente se acogen a la terminación del diálogo y a lo que se acuerde. Naturalmente eso es algo que está por desarrollarse, no es que haya una partitura”.

Historia del perdón social Claro, como trata de dar a entender el canciller entrante, es una figura que está por desarrollarse, pero que ya tiene un trecho bastante andado.

Según le contaron algunas fuentes a este diario, en épocas de campaña varios emisarios del Pacto Histórico buscaron reunirse con abogados y líderes sociales que ya habían trabajado proyectos de sometimiento con bandas. En Medellín, una de ellas es Sinergia, quien ahora está detrás de crear un plan de diálogo en la que estén el Gobierno, los grupos armados, actores de la iglesia y la sociedad civil.

Justo uno de los documentos con los que el Pacto Histórico trata de armar su propuesta de perdón social está basado en un planteamiento de Sinergia sobre las “bondades” del acogimiento.

Por eso no es raro que en realidad Petro y Leyva estén pensando en el acogimiento, que según Sinergia “es una figura política, social y jurídica, que proporciona instrumentos al ordenamiento jurídico, impulsa a construir escenarios para la paz y cuenta con principios filosóficos que valorados dialécticamente demuestran la enorme diferencia que existe con el Sometimiento(…) Ley que debe ser dialogada, convocante y atractiva a todas las organizaciones al margen de la ley, para que los otros grupos que no hagan parte de nuestra organización, deseen acogerse a ella”.

La propuesta es criticada por varios sectores, quienes consideran que se podría ofrecer impunidad a narcotraficantes y grupos que no tienen estatus político. No es una propuesta nueva, pues en 2015 la misma organización estuvo en La Habana presentando un documento a los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Farc, que en un principio pensaron en montar a las bandas a la paz, pero la idea no cuajó.

Y es que en esa oportunidad se atravesó en el camino el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que el gobierno Santos no podía pagar ese costo político. En esa oportunidad, Sinergia, con vocería de los combos de Medellín, hablaba del “pacto social” un concepto muy parecido al del perdón social de Petro.

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Dice en su carta la llamada Oficina que desde 1995 empezaron un supuesto proceso de atención al conflicto armado urbano, “el cual institucionalizamos en el año 1997, en la cárcel Bellavista, donde asumimos un compromiso ante el país de contener el avance de la violencia y procurar el desarrollo de pactos de respeto a la vida y no agresión entre los grupos en confrontación”. Para estudiosos del conflicto, dichos pactos no son más que maneras de mantener soterrados los negocios ilícitos.

El punto es que desde hace rato los grupos armados urbanos están buscando pista para negociar, pero no les ha cuajado, pues es muy difícil comprar la idea de que tienen una disputa política con el Estado, cuando es evidente que detrás de sus movimientos está el narco. Y aunque ahora son positivos por las posturas de Gustavo Petro, será difícil que el Congreso se monte en un proyecto donde habría enorme riesgo de impunidad.