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Más de 63 mil hectáreas de tierras se han restituido en el Valle

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Más de 63 mil hectáreas de tierras se han restituido en el Valle

La alianza sombría entre sectores del narcotráfico y algunos grupos paramilitares, así como el accionar de las guerrillas, fueron los mayores responsables del desplazamiento y el despojo de tierras en el Valle del Cauca.

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Esa es una de las principales conclusiones que se extraen de las 333 sentencias que sobre restitución de tierras han sido falladas hasta la fecha en el departamento

Desde que entró en vigencia la ley, hace ocho años, en la comarca se han recibido 4353 solicitudes de restitución por personas que se consideran víctimas de la violencia de grupos armados, y de las cuales 899 fueron inscritas en el registro de predios despojados y abandonados

“Hoy tenemos en el Valle del Cauca 445 sentencias emitidas por los jueces y magistrados de Restitución que ordenan la devolución de 63.453 hectáreas de tierra a víctimas. Procesos en los que se han beneficiado 1015 familias”, dijo Andrés Augusto Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras

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Además de esas reclamaciones individuales, otras 1770 familias fueron favorecidas con la primera sentencia étnica del departamento: la del Consejo Comunitario de Yurumanguí, al que le fueron tituladas 54.776 hectáreas

Del total de solicitudes presentadas en la comarca, explicó Castro, 2182 no fueron inscritas en el registro. Es decir, la decisión que tomó la regional de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, luego de revisar el caso, es que no ameritaban inscripción y, por lo tanto, ahí finalizó el trámite

“Son muchas las causas por las cuales no se aceptó un alto número de reclamaciones. Fundamentalmente, porque revisamos hechos partir de 1991, de acuerdo con la Ley de Restitución de Tierras y algunos casos pudieron obedecer a hechos anteriores”, dijo el funcionario

“Otra razón, es el nexo causal entre lo denunciado y el hecho mismo del despojo. Es decir, que no coinciden los hechos denunciados con el contexto histórico que hemos levantado para decir si se trata o no de una restitución; puede ser porque hubo formalización de predios, obedeció a diferencias entre linderos o entre vecinos; es decir, son líos de otra naturaleza”, agregó

El mayor número de reclamaciones regionales se han presentado en Buenaventura (613), Tuluá (524), Trujillo (343), Bugalagrande (326), Bolívar (311) y Cali (257)

Sobre las pretensiones que no prosperaron, la directora regional de Restitución de Tierras, Sandra Niño, explicó que, más del 50 %, obedece a que la Unidad hace un análisis cuidadoso de las pruebas y los diferentes filtros permiten identificar casos que no corresponden

“En zonas urbanas hubo muchos casos en los que se negó la inscripción porque correspondían a situaciones relacionadas con temas de narcotráfico, testaferrato y otros casos que no estaban asociados al conflicto armado, sino a luchas entre carteles o delincuencia común”, explicó Niño

Dificultades Devolver la tierra a sus legítimos dueños, en una región tan compleja como el Valle, no ha sido tarea de poca monta.

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Se han debido sortear dificultades en el norte de este, con marcada presencia de paramilitares y grupos al servicio del narcotráfico; en zona rural de Pradera y Florida, donde se asentaron milicianos y grupos guerrilleros, y en la parte alta de Jamundí, donde se atiza el conflicto con la llegada de nuevos actores armados, como ‘Los Pelusos’

“El suroccidente de Jamundí, donde se han recibido 241 solicitudes, no estaba intervenido por temas de seguridad. Ahora, con lo que se ha logrado con la Fuerza Pública, uno de los resultados importantes de la Operación Atalanta es permitir esa focalización que habíamos intentado en años anteriores, porque es una zona de relevancia para el Valle“, explicó la directora regional de la URT

Otros lugares en los que todavía no termina el proceso de focalización es en la zona alta de Pradera y Florida, donde aún se desarrolla el proceso de desminado, y en San Isidro, Buenaventura

“En Buenaventura está el 100 % del área urbana y el 95 % de la rural. Lo único que falta es San Isidro, donde, más por estrategia, la Unidad decidió aguantar un poco el trabajo allí, no por temas de seguridad, sino por dificultades de acceso al territorio, porque hay que llegar en helicóptero”, añadió

Las cifras de reclamaciones señalan que son 23 las solicitudes de reparación étnica de manera colectiva en el departamento; de las cuales 12 pertenecen a comunidades indígenas y 11 a consejos comunitarios

“En el Valle del Cauca estamos bastante avanzados. Aquí se ha cumplido de manera eficiente la política de restitución porque son zonas que están más consolidadas y hay condiciones de seguridad y orden público. Solo nos falta un 5 % y con el acompañamiento de la Fuerza Pública este año podremos terminar”, indicó Andrés Castro

El Director de Restitución de Tierras resaltó, además, el éxito que han tenido en muchas regiones los proyectos productivos, en los cuales los beneficiarios cuentan con asistencia técnica y acompañamiento de personal especializado de la URT durante dos años

“En el del municipio de San Pedro fue parcelado un predio que perteneció al llamado ‘Hombre del Overol’ y allí 17 familias van a producir mango y maracuyá y ya tienen la cosecha vendida. Otra empresa les comprará el ají a los beneficiarios para exportarlo a Estados Unidos para producir el ají Tabasco”, destacó el funcionario

“Un balance positivo” A partir de los resultados que se tienen hasta hoy, Andrés Augusto Castro aseguró que en los siete años que lleva implementándose el programa, el balance es muy positivo

“No es solo la restitución del bien de esas personas que la Unidad ha asumido su representación judicial, sino del acompañamiento para que se cumplan las sentencias; porque también se puede ordenar compensación a las víctimas que no quieren retornar a su predio y la URT, a través del Fondo de Tierras, debe ofrecerle un predio equivalente o, incluso, compensar en dinero”, explicó

Los jueces también pueden ordenar soluciones de vivienda, alivios de pasivos, exención de pagos de impuestos o deudas de servicios públicos del predio. También electrificación rural, acueductos veredales, salud, educación o redes terciarias, entre otras, incluso a segundos ocupantes

“La Corte, en 2016, dijo que los segundos ocupantes sí son población vulnerable y no tienen que demostrar la buena fe exenta de culpa, sino la buena fe simple, porque hubo gente que compró predios sin conocimiento y se endeudó para ponerlos a producir y no estaban siendo reconocidos”

El Director de la URT expresó su preocupación por la situación que se vive en las ocho zonas del país donde permanece activo el conflicto y no ha sido posible que la Unidad de Restitución de Tierras pueda entrar a cumplir con lo que ordena la ley

Estas regiones son el Catatumbo, la cuenca del Pacífico, Tumaco, el Urabá chocoano, el Urabá Antioqueño, el Bajo Cauca, Arauca y el sur de Bolívar

Al respecto, Castro consideró que la ley, cuya vigencia irá hasta el 2021, “habría que prolongarla para atender esos casos complejos”

“La meta nuestra es que para esa fecha hayamos terminado la etapa administrativa, pero habrá que prever que la ley pueda extenderse un poco más para atender esos casos complejos y garantizar fiscalmente la atención de esas personas”, explicó

Finalmente, el funcionario aseguró que “el Gobierno Nacional tiene toda la voluntad de sacar adelante este componente de la justicia transicional”, que debe tener un límite y que no le haría grandes modificaciones a la norma

Los casos de mayor complejidad para resolver estuvieron en el norte del Valle, según la URT, por la relación cercana de paramilitares con los carteles del narcotráfico

339.480

hectáreas de tierra han sido devueltas en Colombia a quienes eran sus legítimos dueños

120.876

solicitudes de restitución de tierras se han presentado

en los 32 departamentos del país

4957

sentencias de restitución de predios han sido emitidas por los jueces en el país

107

medidas cautelares se han decretado en Colombia, protegiendo 5,7 millones de hectáreas

53

sentencias se han proferido a favor de colombianos que residen fuera del país

16

Sentencias de restitución étnica han sido proferidas en este proceso

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